Luego de un intenso trabajo legislativo y el posterior dictamen favorable en la Comisión de Discapacidad, de Salud y de Presupuesto, la EMERGENCIA NACIONAL EN DISCAPACIDAD será abordada- en los próximos días (14 de mayo, 2025)- en la Cámara Baja del Congreso Nacional.

Pese a la irresponsable ausencia del Diputado Luis Espert- oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- y de todo el bloque de la Libertad Avanza, LA LEY DE EMERGENCIA NACIONAL EN DISCAPACIDAD tendrá lugar para ser discutida, debatida y- esperamos- aprobada; para luego dirigirse a al recinto de senadores y senadoras.

EMERGENCIA NACIONAL EN DISCAPACIDAD(1) : ¿QUÉ PLANTEA LA LEY?

En términos generales, el documento expresa:

• Declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional, hasta el 31 de diciembre de 2027- inclusive-.
• Actualización mensual de aranceles que paga el Estado por prestaciones (centros de día, transporte, terapias, etc.), ajustados por inflación.
• Pago URGENTE de deudas que el Estado mantiene con prestadores.
• Acceso más sencillo a pensiones no contributivas, evitando auditorías abusivas o maltrato institucional.
• Alivio fiscal para prestadores– condonación de intereses y refinanciación de deudas-.
• Mejoras en el funcionamiento de la ANDIS y actualización de su base de datos.
• Creación de un de organismo de seguimiento, con participación de personas con discapacidad y organizaciones del sector.

En un contexto de ajuste fiscal y crisis económica, la propuesta legislativa busca proteger a las personas con discapacidad y evitar la pérdida de derechos esenciales.

EL FONDO PIDE, EL GOBIERNO LE DA

Con un comunicado(2) muy débil de argumentos, el Gobierno Nacional- mediante la ANDIS- expresó un NO ROTUNDO al planeo de la EMERGENCIA. En el mismo “se pregunta” de dónde saldrá el financiamiento para sostener la propuesta.

Lo cierto es que el financiamiento y patrimonio de nuestro país tiene otros compromisos. El reciente acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en abril de 2025, establece una serie de compromisos de ajuste fiscal y reformas estructurales que el país debe implementar como condición para acceder a un préstamo de 20.000 millones de dólares(3).

A cambio, el FMI impone exigencias(4). Veamos:

• Alcanzar un superávit primario del 1,3 del PBI, lo que conlleva una reducción significativa del gasto público;
• Reducir el gasto público implica una fuerte disminución en subsidios, control del gasto previsional y recorte de transferencias a las provincias. Además de una reducción del “gasto social”;
• Reformas estructurales: sistema tributario; régimen de coparticipación entre Nación y provincias y sistema de pensiones;
• Eliminación de controles cambiarios permitiendo la compra libre de dólares- concretada y anunciada el lunes 14 de abril del 2025 por el ministro Luis Caputo(5);
• Metas pertinentes a la reducción de la inflación.

Las medidas de ajuste fiscal impuestas por el gobierno y reforzadas en el pedido del FMI pone en tela de juicio- entre otras cosas- la naturaleza y vocación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Allí radica la negativa del gobierno y su decisión de ceder, al arbitrio del Fondo, los derechos de las personas con discapacidad.

El impacto es directo y se refleja en: demoras o bajas arbitrarias de pensiones no contributivas; congelamiento o retraso en el pago a prestadores (terapeutas, centros, transporte); falta de actualización de aranceles poniendo en riesgo la continuidad de los servicios; cierre de instituciones por falta de financiamiento; etc.

La complejidad y vulnerabilidad en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad no es materia sólo de esta gestión. Pero lo cierto es que la política económica y fiscal del gobierno de Milei ha empeorado significativamente la realidad y cotidianidad de estas personas, sus familias y entornos próximos.

El miércoles 14 de mayo, diputados y diputadas tienen la responsabilidad y oportunidad de frenar tanta crueldad.