Sras. y Sres. representantes de la Cámara baja, del Congreso de la Nación. Somos un grupo de profesionales formadas en la Universidad Pública (y otras instituciones). Y, actualmente, desempeñamos nuestro rol profesional en distintos espacios que trabajan con la cotidianidad y singularidad- principalmente- de personas adultas mayores, niñeces y adolescencias, etc. Muchas de ellas conviven con algún tipo de discapacidad.

Nuestra afección y el motivo de nuestra carta es doble. Por un lado, la composición social de las personas con las que trabajamos se ve profundamente afectada por el desastre de una economía que sólo ha priorizado los intereses de los sectores más acomodados. Y, por otro lado, como profesionales/ trabajadoras de la salud, nos vemos firmemente perjudicadas por el mismo ajuste que padecen jubilados, jubiladas, personas con discapacidad, etc.

La excusa de “priorizar el equilibrio fiscal” excede toda neutralidad. “Cumple” con las imposiciones del FMI para garantizar los desembolsos restantes, tras los ya 14 mil millones de dólares desembolsados- en el marco de un préstamo de Facilidad de financiación ampliada (EFF)- y se pone al servicio de los sectores más rancios y acomodados del país.

Las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional han dado cuenta de los intereses que se defienden: reducciones impositivas en materia de bienes personales, en compra de autos de alta gama, eliminación del impuesto a las ganancias en su cuarta categoría. Y, ahora, la formalización de la rebaja de retenciones al campo- notificada en el discurso presidencial de inauguración, en la 137° Muestra de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina-.

Por respeto a nuestra inteligencia- la de todos/as los/las argentinas- les pedimos que renuncien a ese discurso y a lo magro de esa explicación.

Saben con claridad, que el impacto fiscal- de acuerdo al PBI- de medidas como: el aumento de jubilaciones y pensiones y la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad es ínfimo frente a la urgente necesidad social de mejorar la calidad de vida de los sectores más golpeados por la crisis- más al margen de la dignidad-; de reactivar la economía e inyectar poder adquisitivo en las franjas sociales que más apelan al consumo diario de bienes de consumo básico.

Se hacen cuentas a diario. Pero nadie ingresa a los consultorios; nadie habita los espacios de encuentro en donde vemos cómo una madre toma el colectivo con sus hijos, mientras intenta la osadía de acomodar una silla de ruedas. Silla de ruedas deteriorada por el uso y el abandono de las políticas públicas, mientras espera (y espera, y espera, y espera) por la silla adecuada. Nadie da cuenta de que las personas adultas mayores que ingresan a las distintas Residencia de Larga Estadía, lo hacen en situación de calle, sin ningún tipo de contención ni red familiar, y con una jubilación mínima: emparchada con un bono que no modifica su monto desde el año pasado.

Nadie se anoticia de los/ las miles de trabajadores/as que ponen su humanidad el servicio de la ética que los formó, con salarios congelados hace meses, con tres o cuatro viajes diarios a cuesta para llegar a sus trabajos, porque vivir de uno resulta utópico.

Promotores/as seriales del veto presidencial ignoran la angustia de quienes conducen instituciones destinadas a personas con discapacidad por observar la “opción” de cerrar sus puertas.

Sras. y Sres. Diputados/as, no podemos confiar en un Poder Ejecutivo que promueve la lógica de la crueldad para gestionar el Estado. Sólo nos queda un intento de confianza en las instituciones democráticas que deberían servir y hacer de balanza ante tanta injusticia.

La inmoralidad ejecutiva del veto demanda el inminente rechazo del poder legislativo. Las bancas que hoy ostentan han sido protagonistas de grandes injusticias y también de reivindicables procesos. Esperamos que actúen en función de los intereses del pueblo, que estén a la altura de la historia…